Les
sugiero que aquellos que tengan el detalle de acometer la lectura de
la entrada de hoy, que vayan cogiendo aire para despejar la mente
porque la cosa tiene miga:
lo de tirios y troyanos
al lado de las penalidades
que están viviendo los trabajadores de Tragsa y de su filial
Tragsatec es un juego de niños. Así
que, a ver si soy capaz de explicarme en condiciones para que se
entienda el fondo del asunto. Tanto Tragsa como Tragsatec son dos
empresas públicas englobadas en la SEPI (Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales), grupo al que pertenecen, para
que se hagan una idea, la
tabacalera CETARSA, la naviera NAVANTIA, el servicio postal de
CORREOS o el Ente Público
Radio Televisión Española (RTVE).
En el caso que nos ocupa,
la
actividad principal de
Tragsa
viene constituida por las
encomiendas de gestión encargadas tanto por el Estado como por las
Comunidades Autónomas en el ámbito -entre
otros- de la sanidad
animal y la transformación agraria y de medio ambiente.
Concretamente, en cuanto a Extremadura se refiere, destaca su labor
de saneamiento ganadero: control
de la lengua azul, así como lo relacionado con
la
tuberculosis y la brucelosis bovina, la brucelosis ovina y caprina,
la perineumonía contagiosa bovina y la leucosis bovina enzootica.
Por
ese
motivo,
la Junta de Extremadura destina unas partidas presupuestarias nada
desdeñables, rondando como
media unos
doce millones de euros anuales.
En
septiembre de 2013, tanto Tragsa como Tragsatec, como si se tratara
de dos empresas distintas, plantearon un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) por el que preveían despedir a nivel nacional a unos
1400 empleados, cien de ellos en Extremadura. Por la
empresa se alegaba como justificación para adoptar esta drástica
medida el hecho de que desde 2009 se venían produciendo pérdidas
económicas, así como razones organizativas y productivas que hacían
necesario un reajuste en profundidad. Después de que no se llegara a
un acuerdo durante el proceso de negociación con los representantes
de los trabajadores, el ERE de Tragsa fue impugnado ante la Audiencia
Nacional, quedando el de
Tragsatec a expensas de lo que decidiera el órgano judicial. Pero
mientras tanto, en Extremadura ya se habían ejecutado los despidos
de 59 trabajadores, pendiente la espada de Damocles sobre las cabezas
de los otros 40 previstos. El caso es que la Audiencia Nacional, en
marzo de 2014, resuelve el conflicto laboral declarando nulo el
procedimiento de despido colectivo en una resolución de ciento
cuatro páginas que tumba, uno por uno, los motivos aducidos por la
sociedad matriz. Es más, considera que Tragsa y Tragsatec son un
mismo ente, puesto que comparten medios materiales y personales, con
lo que la nulidad de un ERE implica automáticamente el del otro. Lo
que en principio suponía
un motivo de ilusión para los trabajadores, no ha sido más que el
inicio de un periplo tortuoso plagado de sinsabores. La empresa,
como era de esperar, no se
iba a quedar de brazos cruzados, por lo que los sindicatos y la
dirección firmaron un acuerdo para que el ERE pendiente de Tragsatec
no se llevara a efecto hasta que el Tribunal Supremo resolviera el
recurso de casación interpuesto por la matriz contra la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional; recurso que, dicho sea de paso, se
presentó el último día del plazo, que también son ganas de forzar
las cosas y encabronar al personal.
Mientras el Alto Tribunal se
tomaba su tiempo para decidir, Tragsatec, en un gesto de buena
voluntad, acepta tanto readmitir a los 59 trabajadores que ya habían
sido despedidos entre febrero y marzo de 2014, así como paralizar
los despidos previstos
para aquellos 40 trabajadores que hasta el momento se habían librado
de engrosar las listas del paro. La fecha de reincorporación sería
la del 28 de mayo de 2014; lo que no se sabía era que,
efectivamente, iban a volver a ser readmitidos… pero de una forma
muy peculiar, puesto que
no se les daría carga de trabajo: es decir, volvían a la empresa,
sí, se les pagaba una nómina,vale, pero no tenían que acudir a sus
puestos de trabajo. Con lo cual, pudiera parecer que estos señores –
entre veterinarios, auxiliares administrativos y pecuarios, así como
ingenieros agrónomos- habían conseguido cumplir el sueño de todo
currito: cobrar por no hace nada; contradicción que pusieron
de manifiesto los propios interesados, criticando una solución que
no cuadraba mucho con el hecho de que la empresa estuviera pasando
por acuciantes necesidades económicas. Así que, muy a su pesar, los
trabajadores no tendrían más remedio que repantigarse en el sofá
de sus casas mientras se tragaban bodrios televisivos como el
programa de Ana Rosa: el no sentirse valorados, sin poder realizar
sus trabajos de campo, era la peor condena que sobre ellos podía
recaer. Y en esa situación rocambolesca se hallaban estos benditos –
que tampoco era cuestión de negarse a que te den unos cuartos cuando
hay que seguir pagando hipoteca, facturas y el colegio de los niños-
cuando hete aquí que, el 15 de octubre de 2015, el Tribunal Supremo
se descuelga con una sentencia incendiaria, anulando por unanimidad
la dictada por la Audiencia Nacional y declarando conforme a la ley
el ERE planteado por Tragsa. Ver para creer. La sentencia recurrida y
tan profusamente elaborada – recuerden que ocupaba 104 folios- se
había convertido, nunca mejor dicho, en papel mojado. El Supremo,
donde se supone que campea la crème de la créme de la
judicatura española, dejó a todos ojipláticos. Con lo cual, vuelta
la burra al trigo, a la zozobra de pensar que te van a poner de
patitas en la calle, a la angustia de saber si podrás llegar a final
de mes, a la indignación que te provoca el que hayas dedicado diez o
quince años de tu vida a una empresa a la que no le tiembla el puso
-diríamos incluso que lo hace hasta con regocijo- a la hora de
mandarte una carta con el finiquito en cuestión. Para que luego
nieguen que no somos más que meros números al capricho de lo que
decidan cuatro listillos de turno, bocas agradecidas dispuestas a
bailar el agua y adular a los de arriba hasta límites insospechados
con tal de salvar ellos el culo a costa de pisotear a quien se les
ponga por delante. Y es que abundan aquellos cuyo estado natural es
propicio a la genuflexión, aquellos que estiman en bien poco su
dignidad, vendiéndola al mejor postor por un cochino puesto de
trabajo para su parienta, hijos, cuñados y demás deudos.
Los empleados de Tragasatec se
han movilizado en una plataforma de afectados, puesta en marcha desde
que se produjeron los primeros despidos, con la que pretenden
revertir la situación actual de indefensión en su lucha por sus
legítimos y pisoteados intereses. Si a uno que entienda un poco de
leyes, como el que suscribe este artículo, le cuesta comprender el
cambio de postura experimentado entre uno y otro tribunal, no les
quiero ni contar lo que pensarán de la Justicia aquellos a quienes
un día se les da la razón en una resolución vasta y concienzuda
donde las haya para arrebatársela, al cabo de los meses, por el
dream team de sus togadas señorías, en un escorzo jurídico
que dista mucho de la necesaria seguridad jurídica que debe imperar
en todo Estado de Derecho. Estamos de acuerdo en que, salvo el Papa
-y ya veremos- nadie es infalible, pero de ahí a que la Audiencia
Nacional y el Supremo hayan fallado diametralmente lo opuesto sobre
el mismo supuesto de hecho..., pues da que pensar. Ya nada se podrá
hacer a título individual, puesto que los juicios particulares que
se ventilen en los correspondientes juzgados de lo social no podrán
ir en contra de lo resuelto por el Supremo. Ahora solo queda que las
administraciones públicas, que son los principales clientes tanto de
Tragsa como de Tragsatec , se comprometan a hacer todo lo posible por
buscar una salida negociada que perjudique lo menos posible a los
trabajadores, aunque ya se sabe que dejar algo en manos de políticos
no es remedio para casi nada: al final ninguno se atreve a coger el
toro por los cuernos. De ahí el papel fundamental que tienen que
jugar los medios de comunicación, sirviendo de altavoz a un
colectivo necesitado de cuanto más apoyo mejor. Y eso, modestamente,
es lo que busco en el día de hoy: no me lo tuve que pensar dos veces
cuando uno de los representantes de la plataforma de afectados en
Extremadura, mi amigo Carlos Cordero, me pidió el favor de hacerme
eco de sus peticiones en este blog, y muy mal amigo sería yo si no
prestara mi voz al hijo del señor Cipriano y de la señora Luci,
inolvidables para mí en aquella Malpartida de Cáceres donde una
muchachada inquieta y dichosa crecimos entre los muros de un cuartel
de la guardia civil cuyos venturosos ecos resuenan todavía en mi mi
memoria. Suerte a todos. No deis nada por perdido hasta que no os
quede el más mínimo aliento para sostener las razones de vuestras
demandas; y aún así, aunque uno piense que ya no puede más,
siempre surge del lugar más inesperado la fuerza necesaria para
continuar. Es posible que el éxito no esté garantizado, pero
siempre hay que mantener el espíritu de lucha. Por todo ello, os
animo a que no cejéis en el empeño de ver reconocidas vuestras
pretensiones laborales. Que no digan de vosotros que, al menos, no lo
intentasteis.
