Tragsatec, la odisea de nunca acabar

   Les sugiero que aquellos que tengan el detalle de acometer la lectura de la entrada de hoy, que vayan cogiendo aire para despejar la mente porque la cosa tiene miga: lo de tirios y troyanos al lado de las penalidades que están viviendo los trabajadores de Tragsa y de su filial Tragsatec es un juego de niños. Así que, a ver si soy capaz de explicarme en condiciones para que se entienda el fondo del asunto. Tanto Tragsa como Tragsatec son dos empresas públicas englobadas en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), grupo al que pertenecen, para que se hagan una idea, la tabacalera CETARSA, la naviera NAVANTIA, el servicio postal de CORREOS o el Ente Público Radio Televisión Española (RTVE). En el caso que nos ocupa, la actividad principal de Tragsa viene constituida por las encomiendas de gestión encargadas tanto por el Estado como por las Comunidades Autónomas en el ámbito -entre otros- de la sanidad animal y la transformación agraria y de medio ambiente. Concretamente, en cuanto a Extremadura se refiere, destaca su labor de saneamiento ganadero: control de la lengua azul, así como lo relacionado con la tuberculosis y la brucelosis bovina, la brucelosis ovina y caprina, la perineumonía contagiosa bovina y la leucosis bovina enzootica. Por ese motivo, la Junta de Extremadura destina unas partidas presupuestarias nada desdeñables, rondando como media unos doce millones de euros anuales.

   En septiembre de 2013, tanto Tragsa como Tragsatec, como si se tratara de dos empresas distintas, plantearon un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que preveían despedir a nivel nacional a unos 1400 empleados, cien de ellos en Extremadura. Por la empresa se alegaba como justificación para adoptar esta drástica medida el hecho de que desde 2009 se venían produciendo pérdidas económicas, así como razones organizativas y productivas que hacían necesario un reajuste en profundidad. Después de que no se llegara a un acuerdo durante el proceso de negociación con los representantes de los trabajadores, el ERE de Tragsa fue impugnado ante la Audiencia Nacional, quedando el de Tragsatec a expensas de lo que decidiera el órgano judicial. Pero mientras tanto, en Extremadura ya se habían ejecutado los despidos de 59 trabajadores, pendiente la espada de Damocles sobre las cabezas de los otros 40 previstos. El caso es que la Audiencia Nacional, en marzo de 2014, resuelve el conflicto laboral declarando nulo el procedimiento de despido colectivo en una resolución de ciento cuatro páginas que tumba, uno por uno, los motivos aducidos por la sociedad matriz. Es más, considera que Tragsa y Tragsatec son un mismo ente, puesto que comparten medios materiales y personales, con lo que la nulidad de un ERE implica automáticamente el del otro. Lo que en principio suponía un motivo de ilusión para los trabajadores, no ha sido más que el inicio de un periplo tortuoso plagado de sinsabores. La empresa, como era de esperar, no se iba a quedar de brazos cruzados, por lo que los sindicatos y la dirección firmaron un acuerdo para que el ERE pendiente de Tragsatec no se llevara a efecto hasta que el Tribunal Supremo resolviera el recurso de casación interpuesto por la matriz contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional; recurso que, dicho sea de paso, se presentó el último día del plazo, que también son ganas de forzar las cosas y encabronar al personal.

   Mientras el Alto Tribunal se tomaba su tiempo para decidir, Tragsatec, en un gesto de buena voluntad, acepta tanto readmitir a los 59 trabajadores que ya habían sido despedidos entre febrero y marzo de 2014, así como paralizar los despidos previstos para aquellos 40 trabajadores que hasta el momento se habían librado de engrosar las listas del paro. La fecha de reincorporación sería la del 28 de mayo de 2014; lo que no se sabía era que, efectivamente, iban a volver a ser readmitidos… pero de una forma muy peculiar, puesto que no se les daría carga de trabajo: es decir, volvían a la empresa, sí, se les pagaba una nómina,vale, pero no tenían que acudir a sus puestos de trabajo. Con lo cual, pudiera parecer que estos señores – entre veterinarios, auxiliares administrativos y pecuarios, así como ingenieros agrónomos- habían conseguido cumplir el sueño de todo currito: cobrar por no hace nada; contradicción que pusieron de manifiesto los propios interesados, criticando una solución que no cuadraba mucho con el hecho de que la empresa estuviera pasando por acuciantes necesidades económicas. Así que, muy a su pesar, los trabajadores no tendrían más remedio que repantigarse en el sofá de sus casas mientras se tragaban bodrios televisivos como el programa de Ana Rosa: el no sentirse valorados, sin poder realizar sus trabajos de campo, era la peor condena que sobre ellos podía recaer. Y en esa situación rocambolesca se hallaban estos benditos – que tampoco era cuestión de negarse a que te den unos cuartos cuando hay que seguir pagando hipoteca, facturas y el colegio de los niños- cuando hete aquí que, el 15 de octubre de 2015, el Tribunal Supremo se descuelga con una sentencia incendiaria, anulando por unanimidad la dictada por la Audiencia Nacional y declarando conforme a la ley el ERE planteado por Tragsa. Ver para creer. La sentencia recurrida y tan profusamente elaborada – recuerden que ocupaba 104 folios- se había convertido, nunca mejor dicho, en papel mojado. El Supremo, donde se supone que campea la crème de la créme de la judicatura española, dejó a todos ojipláticos. Con lo cual, vuelta la burra al trigo, a la zozobra de pensar que te van a poner de patitas en la calle, a la angustia de saber si podrás llegar a final de mes, a la indignación que te provoca el que hayas dedicado diez o quince años de tu vida a una empresa a la que no le tiembla el puso -diríamos incluso que lo hace hasta con regocijo- a la hora de mandarte una carta con el finiquito en cuestión. Para que luego nieguen que no somos más que meros números al capricho de lo que decidan cuatro listillos de turno, bocas agradecidas dispuestas a bailar el agua y adular a los de arriba hasta límites insospechados con tal de salvar ellos el culo a costa de pisotear a quien se les ponga por delante. Y es que abundan aquellos cuyo estado natural es propicio a la genuflexión, aquellos que estiman en bien poco su dignidad, vendiéndola al mejor postor por un cochino puesto de trabajo para su parienta, hijos, cuñados y demás deudos.

   Los empleados de Tragasatec se han movilizado en una plataforma de afectados, puesta en marcha desde que se produjeron los primeros despidos, con la que pretenden revertir la situación actual de indefensión en su lucha por sus legítimos y pisoteados intereses. Si a uno que entienda un poco de leyes, como el que suscribe este artículo, le cuesta comprender el cambio de postura experimentado entre uno y otro tribunal, no les quiero ni contar lo que pensarán de la Justicia aquellos a quienes un día se les da la razón en una resolución vasta y concienzuda donde las haya para arrebatársela, al cabo de los meses, por el dream team de sus togadas señorías, en un escorzo jurídico que dista mucho de la necesaria seguridad jurídica que debe imperar en todo Estado de Derecho. Estamos de acuerdo en que, salvo el Papa -y ya veremos- nadie es infalible, pero de ahí a que la Audiencia Nacional y el Supremo hayan fallado diametralmente lo opuesto sobre el mismo supuesto de hecho..., pues da que pensar. Ya nada se podrá hacer a título individual, puesto que los juicios particulares que se ventilen en los correspondientes juzgados de lo social no podrán ir en contra de lo resuelto por el Supremo. Ahora solo queda que las administraciones públicas, que son los principales clientes tanto de Tragsa como de Tragsatec , se comprometan a hacer todo lo posible por buscar una salida negociada que perjudique lo menos posible a los trabajadores, aunque ya se sabe que dejar algo en manos de políticos no es remedio para casi nada: al final ninguno se atreve a coger el toro por los cuernos. De ahí el papel fundamental que tienen que jugar los medios de comunicación, sirviendo de altavoz a un colectivo necesitado de cuanto más apoyo mejor. Y eso, modestamente, es lo que busco en el día de hoy: no me lo tuve que pensar dos veces cuando uno de los representantes de la plataforma de afectados en Extremadura, mi amigo Carlos Cordero, me pidió el favor de hacerme eco de sus peticiones en este blog, y muy mal amigo sería yo si no prestara mi voz al hijo del señor Cipriano y de la señora Luci, inolvidables para mí en aquella Malpartida de Cáceres donde una muchachada inquieta y dichosa crecimos entre los muros de un cuartel de la guardia civil cuyos venturosos ecos resuenan todavía en mi mi memoria. Suerte a todos. No deis nada por perdido hasta que no os quede el más mínimo aliento para sostener las razones de vuestras demandas; y aún así, aunque uno piense que ya no puede más, siempre surge del lugar más inesperado la fuerza necesaria para continuar. Es posible que el éxito no esté garantizado, pero siempre hay que mantener el espíritu de lucha. Por todo ello, os animo a que no cejéis en el empeño de ver reconocidas vuestras pretensiones laborales. Que no digan de vosotros que, al menos, no lo intentasteis.