Salteadores de caminos del siglo XXI

   La crisis económica por la que atravesamos desde hace ya demasiado tiempo ha contribuido a crear una nueva modalidad de salteadores de caminos: la de quienes se dedican a irrumpir en centros comerciales y en propiedades ajenas como modo de protesta y reivindicativo de los derechos de los más desfavorecidos, de aquellas capas de la sociedad en las que la crisis se está cebando de modo despiadado. Dicen actuar en defensa de quienes ya no disponen de recursos para subsistir, de aquéllos que se están quedando en la cuneta de un sistema que ha fracasado y que pretenden demonizar por seguir perpetuando la distancia que separa a ricos y pobres. Se han erigido en una especie de Robin Hood, sustituyendo los bosques de Sherwood por las grandes superficies comerciales.

   El primero en iniciar esa altruista y encomiable labor de robar a los pérfidos ricos - ¡ a saber cómo habrán conseguido amasar su fortuna!- para repartir lo recaudado entre los pobres y oprimidos ha sido el camarada Sánchez Gordillo, el mismo que tiene la sana costumbre de viajar en primera clase cada vez que embarca en un avión, supongo que no sólo por el hecho de evitar el engorro de que se le hinchen las piernas en la incómoda clase turista, sino también por no verse envuelto en una más que probable confusión de identidad con Yaser Arafat y al pasaje le dé por asediarlo con impúdicas peticiones de autográfos. Una de las principales características del amigo Gordillo, aparte de haber estado cobrando dos sueldos -uno como parlamentario andaluz y otro como maestro de EGB- sin que se haya dado cuenta, es la de ser alcalde del archiconocido municipio de Marinaleda desde el año 1979. Y se preguntarán ustedes, con toda la razón del mundo, si en todo ese tiempo no ha habido nadie capaz de hacer frente al susodicho regidor. Si me lo permiten, les sirvo la respuesta en bandeja: a ver quién apea del consistorio a una persona que ha conseguido que en su pueblo haya una tasa del 0% de paro (aunque dos terceras partes de su población activa estén sujetos al PER), que uno se pueda hacer su propia vivienda no pagando más de 15 euros al mes (lo de menos es que el suelo haya sido expropiado “by the face”) y, como colofón, que le asignen un sueldo neto de 1.128 euros por 35 horas semanales de trabajo en una cooperativa ubicada en un terreno cuyos legítimos propietarios fueron invitados amablemente a ceder en favor de la lucha proletaria. Convendrán conmigo en que estos argumentos sobran para explicar el por qué de las cosas.

Conociendo estos antecedentes, se habrán hecho cargo de la dificultad que entraña la empresa de convertir en oposición política a quien lleva gobernando la friolera de treinta y tres años. Es como si se hubiera establecido un “statu quo” en el que los marinaleños pensaran que más allá de Gordillo sólo les esperan las tinieblas y el el caos, radicando en esta falsa creencia el principal escoyo para conseguir un recambio a quien desea perpetuarse en el poder, desterrando del ideario popular la imagen mesiánica del que aspira a convertirse en salvador de los desheredados. Quizás si sus seguidores supieran que todo esto tiene truco, que no es oro todo lo que reluce, que la riqueza de su querida tierra prometida se basa en más de un 75% en subvenciones públicas, y no en el esfuerzo de quienes trabajan los medios de producción, serían conscientes de que su admirado redentor es totalmente prescindible. Lo malo es que después de tanto tiempo creyendo en una idea germinada en lo más profundo de la conciencia colectiva, derribar esa creencia arraigada durante lustros es una tarea abocada al fracaso si no se emprende con firme voluntad e incansable determinación. De esa falta de virtudes, precisamente, se sirven Gordillo y sus adláteres para continuar en la picota.

Y como todo movimiento sísmico que se precie suele tener sus réplicas en los territorios colindantes, Extremadura no ha escapado a esa ley de la naturaleza y no han faltado simpatizantes de la obra de Gordillo a este lado del Guadiana. Por estos parajes, en lugar de asaltar mercadonas se ha decido hacer lo propio con los carrefoures, quizás por eso de que los gabachos nunca han sido santo de nuestra devoción y aún tenemos muy presente los camiones atestados de frutas volcados en la frontera. Pues bien, el cabecilla de estas protestas locales es otro diputado autonómico por Izquierda Unida: Víctor Manuel Casco. Ambos dos, además de ser duchos en Historia, comparten la condición de parlamentarios por Izquierda Unida en sus respectivas circunscripciones electorales. Como rasgo diferenciador, además del hecho de que el maestro supremo casi dobla en edad al discípulo extremeño, podemos reseñar que aquél no tiene en su nombre de pila ninguna reminiscencia que recuerde a una de las dinastías monárquicas de mayor tradición europea. Quizás ese sea el motivo por el que Cascos se empeñe en dejar bien claro que, además de blasflemo, rojo y ateo, por encima de todo es republicano, ahuyentando de esta modo cualquier atisbo de parentesco con la rama de los Saboya. Ahora bien, como suele ser habitual en toda imitación, ésta también cuenta con un signo distintivo que la hace ser diferente de su matriz: mientras que en tierras andaluzas no se andan con remilgos ni circunloquios abusurdos a la hora de llamar a las cosas por su nombre, aquí han decidido que la actuación emprendida llevase la vitola de “expropiación de alimentos”, dándole un toque singular a lo que no deja de ser un robo o un hurto, según la cuantía de lo sustraído.

   Más allá de lo anecdótico que pudieran resultar estas medidas de protesta, con las que se puede o no estar de acuerdo, lo cierto es que toda reivindicación es respetable siempre que no se pierdan las formas. Lo que no se puede aceptar es una coyuntura de hechos consumados en la que, bordeando los límites establecidos por el ordenamiento jurídico, se trate de poner en evidencia el fracaso de un sistema económico. Para nadie es grato comprobar las consecuencias devastadoras a las que nos está sometiendo esta crisis inmisericorde, pero de ahí a que apliquemos la justicia social por nuestra cuenta media un abismo. Por supuesto que hay que mantener un espíritu combativo para conseguir ideales hasta el momento utópicos, pero para revestir esa lucha de legitimidad y conquistar mayores espacios de libertad resulta imprescindible hacerlo sin traspasar las líneas de la legalidad. No creo, sinceramente, que estas medidas de protesta sean las más adecuadas para revertir una situación a todas luces injusta. Por eso, debemos buscar otros mecanismos para mostrar nuestro justificado descontento, pero no nos dejemos llevar por argumentos cargados de demagogia que no conducen sino a una mayor frustración por parte de quienes confían a ciegas en sus representantes.