Es cierto que los
representantes políticos deben soportar un mayor nivel de crítica
pública que el común de los mortales y que, por eso mismo, sus
actuaciones pueden ser censuradas con un mayor nivel de acidez. Por
así decirlo, están expuestos a la crítica como cualquiera lo está
a la gripe, pero de ahí a que se les tache de fascistas y terroristas
media un abismo. Pues esto mismo es lo que le ha acontecido al Sr.
Monago en el día de ayer, en la Facultad de Derecho de Cáceres. Se
encontró el Presidente de la Junta de Extremadura con una protesta
de estudiantes que tenía por objetivo reseñar el malestar por la
subida de tasas académicas y el recorte presupuestario en el ámbito
universitario, según las declaraciones de uno de los manifestantes
en una emisora de radio.
Que el presidente de
la Junta de Extremadura, elegido democráticamente por la mayoría de
los extremeños en unas elecciones libres, tenga que escuchar esos
insultos, erosivos de la dignidad tanto de su persona como de la
institución que representa, retrata fielmente a esos voceadores. No
dudo que sepan el significado de la palabra “terrorismo”, puesto
que en España tenemos la desgracia de sufrir esa plaga desde hace ya
demasiado tiempo, pero no creo que conozcan qué supone calificar a
alguien de fascista, término que manejan con tanta ligereza como
imprudencia. Yo diría que, entre otras cosas, fascista es la actitud
que mantuvieron ellos impidiendo la libertad de movimientos del Sr.
Monago, que no pudo abandonar la Facultad de Derecho hasta que no
llegaron refuerzos policiales que salvaguardaran su integridad
física.
Y luego tenemos que
escuchar decir al Sr. Rubalcaba que los estudiantes están amparados
por el derecho fundamental de manifestación, que el partido
socialista no está detrás de la agitación que se está produciendo
en España , que ellos sólo
se limitan a acompañar y a comprender a los descontentos en sus reivindicaciones.
Pues bien, tan sólo comentarle al jefe de la oposición que,
efectivamente, la Constitución española reconoce el derecho de
reunión pero, eso sí, no de forma absoluta sino condicionada a que
sea pacífica y que, tratándose de reuniones en lugares de tránsito
público, deberá mediar la previa autorización gubernativa. Aquí, ni se trataba de una reunión pacífica ni
solicitaron autorización para cortar los accesos a la Facultad de
Derecho. Como casi siempre, pura complicidad del PSOE con las
algaradas estudiantiles.
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